4 de junio de 2026 • 2 minutos de lectura
El Anteproyecto en Revisión: Entre el Escrutinio Nacional y la Presión Europea
El Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible ("Anteproyecto") entra en una fase decisiva bajo una presión creciente por su retraso. Es previsible, además, que el texto final incorpore ajustes relevantes respecto de su redacción actual.
Por un lado, el pasado 28 de mayo de 2026, la Comisión Europea ("Comisión") ha iniciado un nuevo expediente de infracción contra España por no haber completado a tiempo (i.e., antes de 27 de marzo de 2026) la transposición completa de la Directiva (UE) 2024/825 sobre empoderamiento de consumidores en la transición ecológica ("Directiva").
La Comisión ha remitido cartas de emplazamiento otorgando un plazo de dos meses para que los Estados miembros respondan y notifiquen las medidas completas de transposición, lo que aceleraría de facto los plazos, y sitúa bajo presión el proceso legislativo del Anteproyecto; en ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá avanzar a la siguiente fase mediante la emisión de un dictamen motivado.
La aprobación del Anteproyecto estaba prevista para el primer semestre de 2026, con una entrada en vigor escalonada en la segunda mitad del año; sin embargo, a junio de 2026, el calendario presenta ya tensiones claras.
Al retraso acumulado en la tramitación se añade el carácter expansivo del Anteproyecto, que introduce obligaciones adicionales más allá de la transposición (gold plating). Este enfoque del legislador español ha intensificado el escrutinio de la CNMC, cuyo informe de 11 de marzo de 2026 cuestiona la proporcionalidad, la seguridad jurídica y el impacto en la competencia de determinadas obligaciones incluidas en el Anteproyecto.
En particular, el regulador:
- cuestiona la prohibición general de publicidad de combustibles fósiles, proponiendo alternativas menos restrictivas,
- advierte del impacto potencialmente desproporcionado de la cofinanciación obligatoria de reparaciones fuera de garantía (especialmente para PYMES),
- y reclama mayor precisión en conceptos como las “afirmaciones medioambientales”, clave para evitar incertidumbre regulatoria.
En este contexto, resulta razonable anticipar ajustes sustantivos sobre la redacción actual como condición para su aprobación definitiva, en un escenario en el que ulteriores aplazamientos se vuelven ya muy complicados, lo que obliga a las empresas a mantenerse especialmente atentas a su evolución y a anticipar potenciales impactos regulatorios.
